Un ex alto ejecutivo de Techint, Héctor Zabaleta, declaró bajo juramento en Buenos Aires que supervisó entregas de efectivo que suman cerca de un millón de dólares a Roberto Baratta, exfuncionario del gobierno de Kirchner.

En la última audiencia del caso de corrupción conocido como los ‘Cuadernos’, Zabaleta afirmó que realizó seis pagos en pesos a Baratta, quien era el mano derecha del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, durante el año 2008.

Zabaleta reveló que recibió instrucciones de Luis Betnaza, entonces director de Relaciones Institucionales de Techint, para llevar a cabo estas entregas. Durante el interrogatorio de la fiscal Fabiana León, Zabaleta confirmó que la información registrada en las libretas de Oscar Centeno, el exchofer de Baratta, era precisa.

El testigo indicó que cada entrega oscilaba entre 600,000 y 700,000 pesos, sumando casi un millón de dólares en total. “Las instrucciones de Betnaza eran que debía acercarme a esa cifra en dólares y así lo cumplí”, explicó ante el tribunal.

Las visitas y entregas ocurrieron en un estacionamiento subterráneo en las oficinas de Techint en Puerto Madero entre junio y diciembre de 2008. Zabaleta recordó que Baratta mostró descontento al enterarse que recibiría los pagos en pesos y amenazó con cortar el gas en su planta de Campana si no se le entregaban dólares.

Los pagos estaban relacionados con la controvertida situación de la planta Sidor en Venezuela, que era controlada por Techint cuando Hugo Chávez estaba en el poder. Esto generó tensiones entre los trabajadores de la planta y la firma debido a su nacionalización en 2008. Betnaza, quien también testificó, corroboró que había solicitado el dinero para cubrir costos derivados de la repatriación de trabajadores argentinos.

A pesar de que inicialmente ambos directivos fueron procesados, sus casos fueron separados de los procedimientos generales de corrupción, ya que el tribunal concluyó que las entregas se efectuaron en el contexto de una emergencia y no son comparables con los sobornos relacionados con contratos de obras públicas.

Ambos directivos negaron que estos pagos fueran sobornos, describiéndolos como “pagos impropios”. Durante la audiencia, el tribunal recordó a los testigos sobre su situación legal y el riesgo de autoincriminación. A pesar de ello, ambos respondieron a las preguntas de la fiscalía y de la defensa de Baratta.