El abogado brasileño Rafael Vadim, parte del equipo legal internacional que defiende a Cristina Kirchner, afirmó en el programa “Solo una vuelta más” de TN que Argentina está obligada a implementar las resoluciones que emita el Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto a la expresidenta. Sin embargo, Vadim aclaró que estas decisiones no se aplicarán automáticamente en los tribunales locales, sino que necesitarán de acciones internas para su cumplimiento.

Rol de Rafael Vadim en la defensa

Vadim, quien ha participado en la estrategia jurídica a nivel internacional de Luiz Inácio Lula da Silva, trabaja en conjunto con el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En sus declaraciones, Vadim reiteró la importancia de cumplir con las decisiones internacionales y describió el proceso que debería seguirse en el ámbito judicial argentino.

Articulación del Poder Judicial argentino

”Lo que decida el Comité de Derechos Humanos de la ONU es vinculante”, resaltó Vadim. Según explicó, Argentina tiene una responsabilidad de cumplir estas decisiones; sin embargo, esto no implica que el Poder Judicial deba aplicarlas de inmediato. “El Poder Judicial deberá recibir y concretar la implementación de dicha decisión”, detalló el abogado.

Solicitud de suspensión de la inhabilitación política

En el marco de su defensa, Vadim solicitó al organismo internacional que emita una medida provisional para suspender la inhabilitación de Cristina Kirchner mientras se resuelve la cuestión de fondo. “Por ejemplo, si el comité decide suspender la inhabilitación política de Cristina, el Estado argentino deberá actuar para implementar esta resolución en su ámbito interno”, indicó.

Argumentos sobre derechos humanos

Vadim subrayó que la intervención del Comité no es una injerencia, ya que fue el propio pueblo argentino quien otorgó rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos en la reforma de 1994. Afirmó que el comité no realizará un nuevo juicio, sino que evaluará si se han respetado los principios del debido proceso.

Condena y defensa

Sobre la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua de Kirchner por administración fraudulenta, Vadim la consideró ilegítima y se comprometió a llevar el caso ante el comité internacional. “Tras revisar todo el expediente de la causa Vialidad, puedo asegurar que Cristina es inocente; no existen pruebas suficientes para condenarla”, sostuvo.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 concluyó que, durante su mandato, Kirchner favoreció a empresas vinculadas a Lázaro Báez a través de procedimientos irregulares en 51 licitaciones de obras en Santa Cruz. Esta condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y se hizo firme el 10 de junio de 2025, tras el rechazo de la defensa por parte de la Corte Suprema.