Una docente de 57 años de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes, ha sido condenada tras comprobarse que exigía dinero a sus alumnos a cambio de aprobarlos. La Justicia determinó que las demandas llegaron hasta los 150 mil pesos y estaban frecuentemente acompañadas de advertencias sobre las consecuencias de no pagar.

Detalles del escándalo

La investigación reveló que la profesora condicionaba las calificaciones de sus estudiantes a pagos directos o a la compra de determinados productos. Esta situación quedó documentada a través de testimonios de alumnos y familiares. Por ejemplo, en julio de 2025, una estudiante denunció que la docente le pidió 100 mil pesos para aprobarla sin asistencia a clases. Aunque la joven entregó 30 mil pesos, la profesora continuó exigiendo el monto restante.

Además, se encontraron otros casos similares, como el de una alumna que transfirió 150 mil pesos el 25 de abril de 2025 para obtener la aprobación de una materia. Este patrón de conducta se repitió con diferentes estudiantes, generando un clima de incertidumbre y temor en torno a la docente.

La situación llegó a tal punto que en octubre de 2024, un grupo de padres denunció formalmente a la profesora por estas exigencias ilícitas. Las pruebas reunidas en la investigación resultaron suficientes para que la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, dictara sentencia.

La condena

La docente fue condenada a tres años de prisión en suspenso, lo que significa que no cumplirá pena efectiva siempre que respete las condiciones impuestas por el tribunal. También recibió una multa de 360 mil pesos y fue inhabilitada para ejercer como docente durante el mismo período. Además, deberá pagar una reparación económica de 480 mil pesos, que se distribuirán entre dos alumnas afectadas, recibiendo cada una 240 mil pesos.

La sentencia incluye reglas de conducta que la mujer debe seguir, como fijar una residencia y un número de contacto, presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial y evitar cualquier tipo de intimidad o hostigamiento hacia las denunciantes. Asimismo, se le ha impuesto una restricción de acercamiento de 100 metros hacia ellas.

Este caso pone de manifiesto un serio problema de corrupción en el ámbito educativo, que afecta la confianza de los padres y estudiantes en las instituciones escolares.