El diputado bonaerense Francisco Adorni, perteneciente al partido La Libertad Avanza, se encuentra en el centro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En un reciente escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, Adorni aclara un desajuste en su patrimonio de $117 millones, argumentando que se debió a un error tipográfico en su declaración jurada de 2024.

Adorni, quien es hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, explicó que al consignar el monto de una deuda, incluyó “un cero de más”. La inconsistencia fue puesta de manifiesto por el fiscal Guillermo Marijuan, quien pidió la indagatoria del funcionario. En su declaración, el legislador reportó una deuda inicial de $130 millones y un saldo final de $60 millones, lo que implicaba una cancelación no especificada de $70 millones.

El diputado sostiene que el monto correcto debería haber sido de 13 millones de pesos y que la confusión fue producto de un desliz en la multiplicación. Para reforzar su justificación, citó una declaración anterior donde sí había registrado adecuadamente una deuda por 13 millones de pesos.

En su escrito, Adorni criticó que el pedido de indagatoria esté transformando una simple corrección en una supuesta prueba de ocultamiento. El juez Rafecas se encuentra en proceso de decidir si admite la solicitud del fiscal o acepta las explicaciones del legislador.

Cabe destacar que este no es el único ajuste en las declaraciones patrimoniales de Adorni. En su presentación de 2025, incluyó una corrección de $24.500.000 en efectivo, de los cuales $21.000.000 correspondían, según su interpretación, a una herencia.

Adorni ha tenido un papel destacado durante la actual gestión del gobierno nacional, ocupando puestos como el titular de la Unidad de Auditoría Interna en el ministerio de Defensa y, posteriormente, dirigiendo el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Por otro lado, su hermano, Manuel Adorni, también tuvo que modificar sus declaraciones por activos no reportados que suman unos $500.000, tras un requerimiento de instrucción del fiscal Gerardo Pollicita.