El fiscal Gerardo Pollicita ha formulado un requerimiento que incluye 20 puntos a los que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá responder dentro de un plazo de 15 días. Esta acción se desarrolla en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito relacionado con su patrimonio y el de su familia.

Detalles del requerimiento

Las preguntas planteadas por la Fiscalía tienen como objetivo esclarecer el origen de diversos bienes, gastos y movimientos financieros de Adorni y su familia. Esto incluye un análisis de un periodo específico que va desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 27 de junio de 2026, cuando Adorni dejó su cargo.

A través de esta investigación, se descubrió que Adorni había percibido 35 sueldos durante su tiempo en el Gobierno. Junto con los ingresos reportados de su esposa, su grupo familiar sumó un total de $229.752.283,20. Sin embargo, sus gastos fueron significativamente mayores, alcanzando los $272.820.832,20, lo que genera una diferencia de $43.068.549. Así también, se han identificado gastos que superan los US$402.578,12, cuya justificación la Fiscalía busca esclarecer.

Preguntas clave

Entre los principales interrogantes se encuentra el origen de un monto considerado en dólares en efectivo que Adorni debe aclarar. Asimismo, se requiere información sobre préstamos vinculados a Silvia Pais y Norma Zuccolo, la procedencia de los fondos para la compra de un Jeep, y la manera en que se financió la remodelación de una propiedad en el country Indio Cuá, que incluye pagos a un contratista por un total de US$245.000.

La Fiscalía también busca respuestas sobre ingresos declarados como no sujetos a impuestos, herencias, donaciones, viajes al exterior, y otros gastos. Además, se indaga sobre el uso regular de terceros en la adquisición de bienes y transacciones relacionadas con criptoactivos.

Próximos pasos

Tras recibir el requerimiento, se informa que la defensa de Adorni podría solicitar una prórroga para cumplir con el volumen de información requerida. Las respuestas proporcionadas por el exfuncionario serán evaluadas por la Fiscalía, quien determinará si las justificaciones presentadas son suficientes o si se deberán tomar nuevas medidas en el caso, que ya había sido objeto de casi 5.000 preguntas durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

La magnitud del caso continúa suscitando atención y podría tener importantes repercusiones en el ámbito político y judicial.