El fiscal federal Eduardo Taiano ha solicitado indagar a una serie de figuras políticas y públicas, incluyendo al expresidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, así como al periodista Horacio Verbitsky, en relación al escándalo del “vacunatorio VIP” que se produjo durante la pandemia de COVID-19. Esta petición llega cinco años después de que saliera a la luz la maniobra que permitió a más de 30 personas recibir vacunas en contra de los criterios establecidos por las autoridades sanitarias.

Decisión Judicial Pendiente

La jueza federal María Eugenia Capuchetti será la responsable de decidir si procede la indagatoria de los imputados. La cámara federal había dispuesto hace dos años profundizar la investigación, no solo sobre los funcionarios que autorizaron la vacunación irregular, sino también sobre aquellos que se beneficiaron por ello.

Detalles de la Investigación

La investigación se centra en la vacunación irregular de 34 individuos que recibieron dosis de la vacuna Sputnik V sin cumplir los plazos ni requisitos necesarios. La acusación se extiende a varios políticos y familiares de Duhalde, exfuncionarios e individuos relacionados con la administración pública, quienes pudieron acceder a las dosis al margen de la ley.

Según el fiscal, los vacunados no fueron simples beneficiarios pasivos, sino que jugaron un rol activo en el delito de peculado, lo que podría acarrear penas de entre dos y diez años de prisión. Este delito implica la apropiación indebida de bienes del Estado, lo que se traduce en un cuestionable uso de recursos públicos durante un momento crítico de la crisis sanitaria.

Antecedentes del Escándalo

El escándalo del vacunatorio VIP se destapó en 2021, cuando Verbitsky confesó en una entrevista radial que había recibido la vacuna tras gestionar un turno con el entonces ministro de Salud, Ginés González García. Su revelación forzó la renuncia del ministro y desencadenó una serie de investigaciones que aún resuenan en la justicia argentina.

A medida que avanza la causa, se ponen de manifiesto las irregularidades dentro del sistema de vacunación en el país, y el fiscal ha dejado claro que esta situación genera un estado de sospecha que requiere una respuesta judicial definitoria. Sin embargo, a tres años de iniciarse el proceso, la justicia comienza a dar pasos hacia una posible resolución sobre los involucrados, quienes, según la acusación, no tuvieron reparo en burlar las normas establecidas durante una emergencia sanitaria.