La situación de los salarios docentes en la provincia de Buenos Aires se ha vuelto crítica, con una caída del 22,7% desde que Axel Kicillof asumió la gobernación. Estando en su nivel más bajo en dos décadas, esta realidad ha impulsado a los gremios docentes disidentes a convocar un paro de 48 horas, que tendrá lugar los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto.

Descenso Salarial Significativo

Un estudio de Chequeado revela que, a pesar de que durante los primeros años del mandato los salarios docentes se mantuvieron por encima de la gestión de María Eugenia Vidal, la situación se agravó hacia finales de 2023. La falta de financiamiento provincial ante el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) ha exacerbado esta crisis.

Los datos muestran que un docente de grado con diez años de antigüedad percibía en marzo un salario de $891.493. Al considerar la inflación, su poder adquisitivo se ha reducido drásticamente.

Pavorosa Comparativa Regional

El informe también posiciona a Buenos Aires en el puesto 21 de 24 provincias en términos de capacidad de compra, solo superando a Misiones, Mendoza y Chubut. Esta caída es alarmante, especialmente comparando su salario con el de otras provincias, como Neuquén, donde los docentes tienen un salario un 38% superior.

Protestas y Conflictos Internos

La reciente crisis ha generado un descontento notable entre los docentes que han visto un deterioro en sus haberes. Aunque los líderes gremiales han firmado acuerdos con Kicillof, las bases no aceptan más la situación. La alta participación en el paro demuestra esta disconformidad.

Por su parte, la Asociación de Maestros de la Provincia ha argumentado que aunque el gobierno presenta excusas económicas, existe un superávit fiscal sin precedente que se oculta detrás de sus decisiones. Este escenario de tensión también se ha extendido a otros sectores estatales que sienten la presión del incremento en el costo de la vida.

Los trabajadores estatales en distintos ministerios y organismos también han comenzado a intensificar reclamos por la pérdida del poder adquisitivo, creando un clima de conflictividad que podría afectar el funcionamiento de la administración pública en la provincia de Buenos Aires.