El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ordenado a sus embajadas y consulados en todo el mundo que reprogramen las entrevistas de visas de inmigrantes, que cubren a los solicitantes de residencia permanente desde el extranjero. Esta decisión se toma mientras los oficiales consulares completan un programa de capacitación sobre criterios de admisibilidad.

Un portavoz del departamento comentó: “A principios de agosto, iniciamos una iniciativa global de capacitación en todas nuestras embajadas y consulados”. Para acomodar esta formación, se ajustarán las citas para los servicios de visas. Tommy Pigott, otro portavoz, añadió que el objetivo es garantizar que los solicitantes de visa no estén en riesgo de convertirse en una carga pública, según la legislación y regulaciones estadounidenses.

Aún no se ha especificado cuánto tiempo durará la capacitación ni cuándo se reanudarán los horarios normales. Esta medida afecta principalmente a los solicitantes de residencia basados en la familia y el empleo que procesan sus casos a través de un consulado. La información disponible no indica una suspensión general de las entrevistas de visas no inmigrantes, aunque la redacción oficial es ambigua al referirse genéricamente a “servicios de visas”.

Los solicitantes con citas confirmadas han recibido correos electrónicos informándoles sobre la reprogramación, sin una fecha alternativa. En Bogotá, se formaron filas afuera de la embajada de EE. UU. de personas que buscaban información luego de que se cancelaran sus citas.

La inadmisibilidad por carga pública ya forma parte de la ley de inmigración de EE. UU., bajo la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Sin embargo, es novedoso el énfasis en cómo los oficiales consulares aplican ese criterio.

Esta decisión se inscribe en una secuencia de medidas recentementes implementadas. El 5 de agosto, el Departamento de Estado anunció un programa que facultaba a los oficiales consulares a exigir a ciertos solicitantes que depositaran un bono por carga pública, lo que puede permitir superar, en ciertos casos, un hallazgo de inadmisibilidad. En julio, la administración también propuso tarifas elevadas para ciertos tipos de visas de trabajo.

La suspensión se produce cuatro días después de que la jueza federal Jeannette Vargas anulara, el 21 de agosto, una política que suspendía la emisión de visas de inmigrantes para solicitantes de 75 países. Vargas concluyó que el Departamento de Estado carecía de la autoridad legal para esa medida, que también se basaba en el criterio de carga pública.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado las medidas de inmigración de la administración, calificándolas de discriminatorias y contrarias a las garantías del debido proceso.