El canciller argentino, Pablo Quirno, reafirmó el objetivo del Gobierno de evitar cualquier inicio de explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas. Durante una entrevista, Quirno señaló que la estrategia oficial incluye un aumento en las sanciones, gestiones diplomáticas y un refuerzo en las capacidades estatales para frenar esta actividad en el archipiélago.

Quirno explicó que la presión del Gobierno se intensificó tras el anuncio de inversión de las petroleras Navitas y RockHopper en diciembre, desencadenando notas de protesta dirigidas a dichas empresas, así como a los embajadores de Israel y del Reino Unido. “Estamos aumentando las sanciones y ampliando el espectro de empresas a ser penalizadas”, aseguró el canciller.

La estrategia establecida por el Gobierno, la cual fue delineada en recientes modificaciones a la ley 26.659 de 2011, apunta a frenar el avance de proyectos en las Malvinas que contradicen resoluciones de las Naciones Unidas. Quirno destacó que la legislación previa tenía limitaciones que solo penalizaban a las empresas, pero ahora se busca extender sanciones a proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros.

El canciller enfatizó que la ventana de tiempo para evitar la explotación es corta y podría comenzar en los próximos meses. Sobre el futuro del proyecto, resaltó que la meta principal sigue siendo evitar que se lleven a cabo las actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

Además, Quirno mencionó que el reciente desarrollo en Vaca Muerta brinda a Argentina una mayor herramienta de presión para condicionar decisiones corporativas en el sector energético.

Por otra parte, el canciller relacionó la ofensiva diplomática con el estado de las Fuerzas Armadas, acusando a gobiernos anteriores de haber desarmado las fuerzas. Propuso que mejorar la defensa y la economía del país es crucial para sostener la política exterior y los intereses argentinos en la región.

La estrategia también incluye la reasignación de recursos para fortalecer la base naval en Ushuaia, visualizada como un componente esencial para la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Quirno concluyó que el enfoque del Gobierno es integral, enlazando sanciones, diplomacia y capacidades logísticas para afrontar lo que consideran una amenaza a la soberanía nacional.