En julio, la morosidad en el sistema crediticio volvió a aumentar, alcanzando un preocupante 12,9% entre las familias argentinas. Esta cifra significa que aproximadamente 5,9 millones de personas tienen atrasos en sus pagos, lo que genera serias inquietudes sobre la situación económica del país.

Una tendencia alarmante

Después de que se interrumpiera una escalada de 19 meses de irregularidades en las financiaciones, los datos preliminares muestran un repunte en la mora, alcanzando un promedio del 7,9% en el sector privado. Este fenómeno plantea un desafío crítico para el Estado, que debe actuar ante una problemática que ha dejado de ser aislada.

El uso de créditos para cubrir necesidades básicas, como el pago de servicios y alimentos, revela una situación de ingresos comprometida. La realidad es que una gran parte de la población no percibe lo suficiente para llegar a fin de mes, lo que no se debe a irresponsabilidad en el manejo de deudas, sino a la falta de recursos.

La falta de regulación

Un aspecto crítico de este escenario es la insuficiente regulación del sistema financiero, especialmente en lo que respecta a las fintech y las billeteras electrónicas, donde se ha reportado la mayor morosidad. Estos créditos suelen ofrecerse con altos costos financieros, incrementando el riesgo de incumplimientos.

Desafíos para el Gobierno

A pesar de que el Sector Público Nacional reportó un superávit primario de 0,9 puntos del PBI en julio, los ingresos totales han disminuido un 4,6% en comparación interanual. Esta caída se refleja especialmente en los impuestos relacionados con la actividad, lo que a su vez complica el objetivo del Ejecutivo de mantener un superávit fiscal.

El Proyecto de Presupuesto Nacional 2027, que debe presentarse al Congreso antes del 15 de septiembre, se desarrolla en un contexto de disminución de la recaudación, lo que resalta la urgencia de encontrar soluciones efectivas ante la creciente morosidad y la desaceleración económica.

Un futuro incierto

Con la cercanía de un año electoral, el gobierno enfrenta el desafío de convencer a la ciudadanía de que necesita más tiempo para implementar su agenda económica. Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que modelos similares no han logrado el bienestar de las mayorías, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de sus políticas en el futuro cercano.