La universidad pública enfrentará una nueva medida de protesta con un paro general programado para el miércoles 12 de agosto. Docentes y no docentes de instituciones de todo el país se unirán bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”.

Motivos del Paro

El principal reclamo de los sindicatos se centra en tres áreas críticas que, afirman, el Gobierno ha ignorado:

1. Ley de Financiamiento Universitario: Aprobada por el Congreso hace casi 300 días, aún no se ha implementado.
2. Salarios de los Docentes: Existe una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema que obliga al Estado a recomponer los salarios universitarios según los valores de noviembre de 2023. Este fallo, consideran las organizaciones sindicales, no ha sido cumplido.
3. Fondos para Hospitales Universitarios: Se reclamaron 50.000 millones de pesos en fondos comprometidos para el funcionamiento de hospitales universitarios, como el Clínicas, que tampoco han sido transferidos.

Críticas al Gobierno

Emiliano Cagnacci, líder de la Asociación Docente de la UBA, criticó al Gobierno por su “total indiferencia” hacia las solicitudes del sector educativo, acusando que se arroga la potestad de decidir el cumplimiento de las leyes.

En contraposición, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, consideró que el paro es prematuro, argumentando que se ha recompuesto más del 20% de lo adeudado, alcanzando un total del 55% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, los gremios sostienen que estas cifras son inferiores a lo acordado y que aún queda pendiente cerca del 30% de la actualización.

Contexto de Protestas

Este paro se suma a una serie de movilizaciones que ya han tenido lugar, con cuatro grandes protestas en defensa de la universidad pública desde que comenzó este conflicto. Las organizaciones enfatizan que su intención no es paralizar las actividades indefinidamente, sino resolver las cuestiones pendientes lo antes posible para regresar a las aulas y hospitales, un proceso que, según ellos, ha sido retrasado por la falta de resolución del Gobierno, en un conflicto que ya tienen casi un año sin soluciones efectivas.