Varias organizaciones defensoras de las libertades civiles han acusado al Gobierno de Estados Unidos de vulnerar la libertad de expresión al imponer restricciones al uso de drones por parte de periodistas cerca de instalaciones y vehículos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), junto a su filial en Washington y la Asociación Nacional de Fotoperiodistas, han respaldado una demanda presentada por el fotoperiodista de Minnesota, Rob Levine, contra la Administración Federal de Aviación (FAA).

La prohibición, emitida el 16 de enero, se introdujo durante operaciones migratorias por parte de la administración del presidente Donald Trump. Esta medida prohibía a los periodistas volar drones a menos de 914 metros en sentido horizontal y 305 metros en vertical de las instalaciones del DHS, lo que, según las organizaciones, resultaba en la imposibilidad de determinar si estaban cerca de un vehículo oficial, el cual podría no estar identificado y desplazarse. La violación de esta restricción podía acarrear multas, cargos penales o la revocación de la licencia para operar drones.

Scarlet Kim, abogada de la ACLU, calificó la medida de “inaceptable” e “inconstitucional”, argumentando que obligó a los periodistas a dejar sus drones en tierra o arriesgarse a enfrentar consecuencias legales.

La ACLU y otras organizaciones sostienen que esta restricción infringe el derecho de los periodistas a documentar la actuación de funcionarios públicos, un derecho garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Levine presentó su demanda en marzo ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. En abril, la FAA retiró la prohibición y la sustituyó por una recomendación que no conlleva las mismas sanciones civiles y penales. Sin embargo, las organizaciones buscan que los tribunales determinen la legalidad de la restricción inicial y si esta violó derechos constitucionales.