El Comando Sur de los Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque mortal en el océano Pacífico, resultando en la muerte de dos personas acusadas de narcotráfico. En un comunicado emitido el lunes, se informó que se realizó una “operación de ataque cinético letal” contra un “buque de bajo perfil” que navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en la región.
Según el Comando Sur, la inteligencia confirmada indicaba la participación activa del barco en actividades de narcotráfico, aunque no se proporcionaron pruebas concretas de esta alegación. El general Francis L. Donovan, comandante de SouthCom, afirmó que la operación es un reflejo del compromiso de EE.UU. para obstaculizar las actividades de los “narco-terroristas” y eliminar el “terror de los carteles” en la región.
Una grabación en blanco y negro publicada en la cuenta oficial del Comando Sur en X mostró el barco moviéndose por el agua antes de ser alcanzado por una explosión.
Este ataque marca la continuación de una serie de operaciones militares de EE.UU. que, desde el inicio de la administración Trump, han buscado combatir el narcotráfico en la región, aunque diversos informes indican que estas intervenciones han tenido poco efecto en la reducción del flujo de drogas hacia el país. Con esta última acción, el número total de muertes aumentó a 223 en 67 ataques que han tenido lugar en el último año.
El Comando Sur ha destruido 64 lanchas rápidas, tres barcos “de bajo perfil” y una embarcación semisumergible durante estas ofensivas. En el marco de esta campaña, se están estableciendo acuerdos con países aliados en América Latina para extender las operaciones militares en su territorio, aunque algunos gobiernos, como Guatemala, han desmentido haber llegado a tales acuerdos. Por otro lado, Ecuador inició operaciones conjuntas con EE.UU. en marzo.
A pesar de las justificaciones ofrecidas por el departamento de defensa, la falta de evidencia concreta sobre la implicación de los barcos en narcotráfico ha suscitado críticas y denuncias de “ejecuciones extrajudiciales” por parte de organizaciones humanitarias y de las Naciones Unidas. Recientes investigaciones revelan que varios de los afectados provienen de comunidades empobrecidas y no tenían vínculos con el narcotráfico, lo que ha generado un debate sobre la legalidad y eficacia de estas intervenciones militares.
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