El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha finalizado una nueva normativa que permitirá a las personas condenadas por delitos solicitar la restitución de sus derechos para poseer armas de fuego. Esta medida, impulsada por el Fiscal General Todd Blanche, es considerada un triunfo para los defensores de la Segunda Enmienda, quienes argumentan que los individuos no violentos con antecedentes penales merecen la oportunidad de recuperar su derecho a portar armas.

Blanche afirmó que “la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase” y que el gobierno federal no debería privar permanentemente a los ciudadanos de un derecho constitucional sin evaluar si representan un peligro para la seguridad pública. La normativa se implementará a través de un sistema de aplicaciones en línea que será evaluado caso por caso, considerando el historial y la reputación de cada solicitante para determinar su potencial amenaza a la seguridad.

Los condenados por crímenes violentos, los delincuentes sexuales registrados y quienes residan ilegalmente en el país serán excluidos del proceso, a menos que existan circunstancias extraordinarias.

Kris Brown, presidenta de la organización Brady, que aboga por leyes más estrictas sobre armas, expresó su preocupación y señaló que la administración de Trump ha mostrado una falta de prudencia al restaurar derechos a individuos con antecedentes de abuso doméstico y del asalto al Capitolio del 6 de enero.

Este desarrollo se suma a otros movimientos de la administración que buscan relajar las regulaciones sobre armas, en respuesta a la crítica inicial que revela una creciente polarización en torno a la política de control de armas en el país.