La acusación de la Fiscalía salvadoreña ha destapado un caso estremecedor que involucra a la Mara Salvatrucha (MS-13), señalando el hallazgo de más de 20 fosas clandestinas en Nuevo Cuscatlán, un área conocida por su conexión política con el presidente Nayib Bukele.

Descubrimiento de los cuerpos

Tres miembros de la MS-13, que han cooperado con la Fiscalía, confesaron durante un juicio masivo que entre 2013 y 2021 torturaron y asesinaron a más de 200 personas en un terreno conocido como la Finca Suiza. Este sitio, que ha sido parte de la campaña política de Bukele desde su tiempo como alcalde, se ha convertido ahora en el mayor cementerio clandestino del país.

La fiscalía ya ha confirmado el hallazgo de 21 cuerpos al realizar excavaciones en este terreno, que es parte de un proyecto de urbanización de lujo. Mientras tanto, el gobierno ha clasificado toda la información sobre el tema como secreto, lo que ha generado aún más controversia.

Confesiones incriminatorias

Los testigos identificados como “Berlín” y “Bosnia” describieron que la MS-13 acordó enterrar a sus víctimas para ocultar el creciente número de homicidios en el país, una estrategia que denominaron “Homicidio Cultivado”. Las confesiones revelan que Nuevo Cuscatlán, durante la tregua en la presidencia de Mauricio Funes, se convirtió en el lugar ideal para esconder cuerpos, debido a su escasa incidencia delictiva.

Impacto político

Este descubrimiento resalta las contradicciones entre la imagen de seguridad promovida por Bukele y la cruda realidad de violencia que persiste en El Salvador. Durante su gestión como alcalde, Bukele hizo énfasis en la reducción de homicidios, pero mientras él promovía sus políticas, la MS-13 continuaba operando en las sombras.

Conocidos desaparecidos

Entre las víctimas encontradas, se incluyen personas que habían sido reportadas como desaparecidas, como la atleta Claudia Jimena Granados y los hermanos Guerrero Toledo. La situación ha llevado a requerir más investigaciones y a cuestionar el manejo de la información por parte del gobierno, en un contexto donde los familiares de las víctimas no tienen acceso a datos sobre su paradero.

¿Qué sigue?

La Fiscalía está trabajando para identificar todos los restos encontrados y recolectar pruebas que confirmen las declaraciones de los testigos. Al mismo tiempo, la falta de transparencia y la clasificación secreta de estos procesos lidian con una creciente desconfianza en la justicia salvadoreña.