El gobierno de Bolivia ha desplegado tropas militares y unidades policiales en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, ante la convocatoria de organizaciones agrícolas para bloquear las carreteras. Este llamado se origina en respuesta a un decreto que incrementa el precio del diésel para grandes consumidores.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que el despliegue tiene como objetivo prevenir los bloqueos, proteger las vías y evitar enfrentamientos. A pesar del estado de emergencia en vigor, el ministerio asegura que los ciudadanos pueden marchar y expresarse, pero no obstruir el libre movimiento.

El subministro del Interior, Hernán Paredes, se reunió con líderes agrarios y reconoció que el decreto, emitido el 17 de agosto, ha causado múltiples problemas. Este decreto, el Supremo Decreto 5676, fijó un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para las grandes empresas, en contraste con el precio de 9.80 aplicable a transporte público y consumidores menores de 5,000 litros mensuales, lo que representa un aumento del 83.7%. Los productores de Yapacaní han informado que las provisiones han disminuido a la mitad.

El alcalde de Yapacaní, Juan Ramos, advirtió sobre las implicaciones significativas de un bloqueo en la zona, ya que representa una parte importante del suministro de arroz y conecta el este y oeste del país, afectando así el comercio exterior y la distribución alimentaria.

Múltiples organizaciones están desafiando el estado de emergencia, incluidas cooperativas mineras, transportistas y cultivadores de coca. Se espera que las organizaciones alineadas con el ex presidente Evo Morales se reúnan el miércoles para decidir sobre futuras acciones, y se ha informado que el gobierno se compromete a anular el decreto en un plazo de 48 horas. De no cumplirse, se tomarán más medidas.