El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez y una parte de la oposición venezolana han cerrado la primera ronda de negociaciones en Caracas con dos acuerdos clave. El primero consiste en reiniciar el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia, y el segundo se centra en la recuperación de las reservas de oro de Venezuela que actualmente están en el Banco de Inglaterra.

Los acuerdos fueron firmados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera, quien lidera el comité delegado de la asamblea elegida en 2015. Ambos leyeron un comunicado conjunto en un hotel de la capital, después de más de seis horas de deliberaciones, sin aceptar preguntas de la prensa.

El acuerdo relacionado con el poder judicial anula el proceso iniciado por la Asamblea Nacional en mayo, que buscaba aumentar el número de miembros del tribunal de 20 a 32. Las partes convinieron en modificar nuevamente la ley orgánica del Tribunal Supremo, renovar y ampliar el comité de nominaciones judiciales, activar un nuevo proceso de nominación y establecer un consejo para revisar las credenciales de los candidatos. En 2024, el tribunal había respaldado la reelección de Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude y la falta de publicación de resultados desagregados.

En el aspecto económico, ambas delegaciones se comprometieron a promover la recuperación de activos internacionales, en concreto, unas 31 toneladas de oro que están retenidas desde que el Reino Unido dejó de reconocer al gobierno de Maduro, y que son objeto de litigio en los tribunales londinenses. Semanas atrás, Delcy Rodríguez envió una carta al rey Carlos III pidiendo la liberación de estos activos. Los fondos, de ser recuperados, se destinarían a asistir a los afectados por el terremoto doble del 24 de junio, que dejó más de 6,300 muertos según cifras oficiales. El texto establece mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para su uso.

El comunicado no aborda la reforma del Consejo Nacional Electoral, que la oposición considera prioritaria para cualquier eventual cronograma electoral, ni menciona la liberación de presos políticos. Fuera del hotel, un grupo de sindicalistas exigía avances en ambos temas, mientras que 84 ex presos políticos emitieron una declaración apoyando el proceso y solicitando un nuevo tribunal y una autoridad electoral independiente.

Se crearon dos grupos de trabajo técnicos, uno dedicado a la emergencia del terremoto y otro al fortalecimiento de la democracia. La implementación de estos acuerdos comenzará este mes, y las delegaciones se volverán a reunir a mediados de septiembre.

Esta es la décimo octava vez que se intenta negociar en dos décadas, siendo la primera vez que se realiza en Caracas tras rondas anteriores en la República Dominicana, México, Doha, Oslo y Barbados. El proceso cuenta con el respaldo de Estados Unidos. María Corina Machado, exiliada en Panamá, permanece fuera de la mesa y ha manifestado su intención de no obstaculizar el proceso.