El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. está planeando invertir entre 10 y 20 millones de dólares en un nuevo dispositivo de control para sus agentes: unos guantes que pueden producir dolorosas descargas eléctricas al accionar un interruptor. Este equipo, denominado G.L.O.V.E. (Emisor de Voltaje Generado de Baja Intensidad), podría ser utilizado durante arrestos para controlar a aquellos migrantes que ofrezcan resistencia física.

Detalles de la adquisición

La necesidad de estos dispositivos se enmarca dentro de la estrategia del ICE para optimizar sus operaciones de deportación, ampliando el armamento de sus unidades de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Según documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los guantes están diseñados para ser usados en situaciones de alta tensión, donde los agentes podrían recibir menos lesiones y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo de daño a los civiles.

Compliant Technologies, una empresa con sede en Kentucky, es la encargada de la fabricación de estos guantes, que se han utilizado anteriormente en algunas cárceles y en cuerpos policiales. Según el fabricante, estos guantes son una opción no letal que permite interactuar a una distancia de hasta tres metros, reduciendo así el riesgo de confrontaciones cercanas.

Críticas y preocupaciones

El anuncio de la incorporación de estos guantes ha desatado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles. Jenn Rolnick Borchetta, de la ACLU, advirtió que el uso de estos dispositivos podría fomentar el abuso excesivo de la fuerza en un contexto ya marcado por incidentes graves, incluido el uso de fuerza letal en operaciones anteriores. Ella manifestó preocupación de que permitir a los agentes aplicar descargas eléctricas con solo presionar un botón podría resultar en un incremento de la violencia y el dolor infligido a los migrantes.

En medio de un creciente clamor por una mayor supervisión y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, este nuevo desarrollo podría complicar aún más la relación entre el ICE y las comunidades afectadas por las políticas migratorias actuales.