El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el lunes que su gobierno no impulsará un proyecto de ley presentado por legisladores de su propia coalición, que condicionaba el acceso al aborto legal a que la mujer aceptara escuchar el latido cardíaco del feto.

Kast, en una entrevista con T13 Radio, afirmó: “Es legítimo que los legisladores presenten sus propuestas y se genere un debate, pero no vamos a avanzar en este asunto”. El mandatario recordó que su campaña se centró en una gestión de emergencia enfocada en la economía, la seguridad y temas sociales, resaltando que no promoverá medidas que generen tensión.

El proyecto, denominado “Escucha su corazón”, fue introducido en julio por el diputado Cristóbal Urruticoechea del Partido Nacional Libertario, con el apoyo de miembros del Partido Republicano, fundado por Kast. Esta iniciativa buscaba modificar el Código Sanitario para que al solicitar un aborto, el médico informara a la mujer si era detectable la actividad cardíaca y le ofreciera la opción de escucharla. Si la mujer rehusaba, el médico debía abstenerse de proceder con el aborto.

Desde 2017, el aborto es legal en Chile bajo tres causales: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. La ley fue aprobada durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, y esta nueva propuesta no pretendía derogarla.

Críticas al proyecto también surgieron desde dentro de la coalición gubernamental. Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente, lo calificó como ineficaz y difícil de implementar. Además, la ministra de Salud, May Chomali, expresó que no hay base científica que sugiera que escuchar el latido cambie la decisión de una mujer. La Organización Mundial de la Salud sugiere que los ultrasonidos no sean un requisito obligatorio para acceder a un aborto y que la información ofrecida sea objetiva y no influya en la decisión.

En julio, cientos de mujeres se manifestaron en Santiago y alrededor de 30 ciudades bajo consignas como “Escucha mi corazón” y “Escucha mi decisión”.

La postura de Kast generó descontento entre los patrocinadores del proyecto. Urruticoechea mencionó, “No nos rendiremos, continuaremos la lucha hasta reconstruir lo que el gobierno de Gabriel Boric destruyó”. Por su parte, Paulina Muñoz, también del mismo partido, manifestó que “la defensa de la vida inocente no tiene plazo” y esperaba más del presidente. Arturo Squella, líder del Partido Republicano, coincidió con Kast en que el debate debería permanecer en el Congreso sin involucrar al ejecutivo.

Medidas similares han estado en vigor en Hungría desde 2022 y en la región de Castilla y León en España.