El Gobierno de José Antonio Kast ha presentado una polémica propuesta dentro de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que implica retirar las prestaciones de salud a aquellos condenados por delitos de narcotráfico y terrorismo. Este anuncio ya ha comenzado a generar fricciones dentro de su coalición de derecha, particularmente con la Unión Demócrata Independiente (UDI).

División en la derecha

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, manifestó su rechazo a la medida al conocer algunos detalles de la reforma propuesta, señalando que “la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. Esta postura se destaca tras la filtración de un borrador que sugiere suspender el acceso a prestaciones sociales a personas condenadas, tanto durante su encarcelamiento como por un periodo de 15 años posteriores a la condena.

Kast firmó el proyecto conocido como Reforma Constitucional Pro Seguridad, que también plantea cambios en los regímenes penitenciarios para líderes de organizaciones criminales. Sin embargo, los detalles aún no han sido oficialmente publicados por el Gobierno.

Alta preocupación en la opinión pública

En la actualidad, la inseguridad es una de las preocupaciones más importantes para los chilenos, y las encuestas reflejan un aumento en la desaprobación hacia la gestión de Kast, superando el 55%. La mayoría de los encuestados prefiere que se aprueben nuevas leyes en lugar de aplicar las existentes.

La estrategia del Gobierno ha incluido anuncios reiterados y visitas a centros penitenciarios, donde se han realizado operaciones significativas, como el traslado de reclusos de alta peligrosidad.

Retos legislativos

Dentro de esta atmósfera, los apoyos en el Congreso no están garantizados. Algunos políticos de la ultraderecha, como Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, han mostrado desconfianza hacia la medida, sugiriendo que la falta de resoluciones sobre indultos podría complicar la discusión legislativa sobre la ACOT.

Si las resistencias continúan, el Gobierno de Kast podría enfrentar dificultades para aprobar esta reforma en el Congreso, donde se requiere un quorum de cuatro séptimos para su implementación.