Nicaragua continúa sin resultados oficiales de su censo nacional, a dos años de haber iniciado el IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda. Medios como Divergentes y La Prensa han informado que la ausencia de datos actualizados genera un vacío estadístico que dificulta la comprensión de la situación social y económica del país.

Contexto del censo

El último censo con datos divulgados corresponde a 2005, y desde entonces, Nicaragua ha vivido significativos cambios políticos y sociales, especialmente tras la crisis de 2018, que provocó un éxodo migratorio. La falta de un censo actualizado impide evaluar con precisión las consecuencias de estos eventos y limita el diseño de políticas públicas adecuadas.

Proceso censal y desafíos

Según las normas internacionales, los censos deben realizarse cada diez años. Nicaragua debía haber levantado uno hacia 2015, pero el operativo del censo comenzó el 30 de abril de 2024, casi dos décadas después del anterior. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) ha movilizado a cerca de ocho mil encuestadores para concluir el proceso en mayo de 2024, aunque se anticipa que se extenderá hasta enero de 2025.

Falta de confianza y transparencia

A diferencia del censo de 2005, que recibió financiamiento y supervisión internacional, el de 2024 se llevó a cabo con recursos propios y sin observación externa, lo que ha generado desconfianza a nivel ciudadano. Muchas personas se han mostrado renuentes a compartir información sobre migración y activos, especialmente ante funcionarios.

Expertos como la socióloga Elvira Cuadra subrayan que esta situación limita la comprensión de los cambios demográficos y afecta la efectividad de las políticas públicas. Por su parte, el sociólogo Juan Carlos Gutiérrez Soto advirtió que la falta de datos confiables impide estimar adecuadamente la pobreza y la mortalidad en el país.

Una decisión política subyacente

Gutiérrez Soto también afirmó que la retención de resultados no se debe a una negligencia administrativa, sino a una estrategia política destinada a controlar la percepción pública y evitar la divulgación de información a la sociedad. Esta omisión impacta negativamente en la creación de políticas, en la planificación presupuestaria y en la credibilidad ante organismos internacionales.

Irregularidades en el censo

El censo de 2024, que costó más de 150 millones de córdobas (aproximadamente 4 millones de dólares), ha enfrentado problemas como errores en las encuestas y la falta de visita de empadronadores a ciertos hogares. A pesar de que otros países de Centroamérica han publicado resultados recientes, Nicaragua carece aún de una visibilidad actual sobre su población, lo que resalta la ineficacia de los procesos censales en las últimas décadas.