Las autoridades de Ecuador han encontrado ocho cuerpos desmembrados enterrados en dos fosas comunes dentro de una mina ilegal de oro en el sur del país, específicamente en el municipio de Pucará, provincia de Azuay. Este hallazgo ocurrió en un contexto de creciente violencia, que llevó al gobierno de Daniel Noboa a declarar el estado de excepción en varias provincias debido a la inseguridad vinculada con el crimen organizado.

Los cuerpos estaban enterrados a unos dos metros de profundidad, con las manos atadas y presentaban lesiones compatibles con desmembramiento y decapitación, probablemente causadas por un machete, según el coronel Pablo Inga, jefe de la Policía Judicial de la zona.

El operativo se activó tras denuncias de familiares de trabajadores de la mina en El Carbón, quienes habían perdido contacto con sus allegados desde el miércoles anterior al hallazgo. Las autoridades organizadas lograron ingresar a la zona realizando un recorrido de aproximadamente dos horas, participando cerca de 120 personas, incluyendo policías y militares.

Durante la operación, también se encontraron dos vehículos incendiados cerca de la mina, lo que añade una nueva capa de complejidad a la investigación. Los cuerpos fueron trasladados al centro forense de Cuenca, donde se realizarán autopsias para determinar las causas de muerte y la identificación de las víctimas.

Lamentablemente, este caso resalta la expansión de actividades mineras ilegales en Azuay, donde la influencia de organizaciones criminales, como Los Lobos, ha crecido en los últimos años. A medida que Ecuador enfrenta un aumento en el crimen violento relacionado con el narcotráfico y la explotación minera, el gobierno ha recurrido al estado de excepción como estrategia para controlar la situación. Sin embargo, los enfrentamientos armados y la violencia continúan, con una tasa de homicidios que alcanza niveles muy altos en la región.