El Gobierno de Perú ha declarado estado de emergencia en los distritos de Chumpi, Coracora, Pullo, Upuhuacho y Carapo, después del fuerte sismo de magnitud 7,2 que sacudió la región surandina de Ayacucho el 20 de agosto. Esta medida, efectiva por un periodo de 60 días, tiene como objetivo facilitar la respuesta y rehabilitación en las áreas afectadas, donde aproximadamente 500 personas fueron impactadas y tres resultaron heridas.

El decreto supremo que formaliza la emergencia fue publicado en el diario oficial “El Peruano”, y permite que las autoridades ejecuten acciones de excepción y asistencia rápida. Esta decisión llega en un momento donde el país enfrenta también otra emergencia debido a lluvias intensas y deslizamientos de tierra en distintas zonas del sur.

Los daños del sismo fueron moderados en comparación con otros eventos sísmicos, ya que se registraron 83 viviendas dañadas —una completamente destruida y seis consideradas inhabitables—, así como una veintena de escuelas y centros de salud afectados. Las acciones de emergencia se financiarán con el presupuesto existente de las instituciones implicadas, evitando así la necesidad de recursos adicionales del Tesoro Público.

En la misma semana, el Gobierno también había observado la situación en Coracora, donde se verificaron las necesidades de la población local, lo que llevó a esta declaración. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de Perú, este terremoto es uno de los muchos que han sido registrados en el país, que a menudo se encuentra en la zona de mayor actividad sísmica del mundo.

A pesar de que el impacto del sismo fue atenuado gracias a su profundidad de 108 kilómetros, el Gobierno se enfrenta a la necesidad de gestionar múltiples crisis, siendo igualmente afectados por desastres naturales como lluvias y deslizamientos, que han llevado a declarar emergencias en otros distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo en Lima. La situación resalta la continua vulnerabilidad de Perú ante fenómenos naturales y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades.