La decisión del Gobierno boliviano de aumentar el precio del diésel para grandes consumidores ha provocado un fuerte rechazo en diversos sectores del país. Desde el 16 de agosto, el precio del diésel se elevó de 9,80 a 18 bolivianos (aproximadamente 2,6 dólares) por litro, medida que ha causado malestar especialmente entre productores agropecuarios y transportistas.

El Decreto Supremo 5676 eliminó la subvención estatal para los grandes consumidores, manteniendo el precio anterior solo para transportistas y particulares. El Gobierno argumenta que esta política es parte de los esfuerzos para enfrentar la crisis de abastecimiento de combustibles y reducir la carga financiera que representa la subvención en un contexto económico complicado.

En respuesta al decreto, al menos ocho sectores han manifestado su descontento, incluyendo organizaciones agropecuarias y campesinos de regiones como Santa Cruz, el principal departamento agrícola de Bolivia. Productores de cuatro provincias han dado un ultimátum al Gobierno de 48 horas para revertir la medida, de lo contrario, se preparan para movilizaciones masivas.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) criticó la medida, considerándola “improvisada” y “discriminadora”. Su presidente, Klaus Frerking, expresó que la norma no fue socializada como el Gobierno afirmó, lo que ha llevado a un malestar generalizado entre los productores. “Estamos en una situación dramática”, subrayó, advirtiendo sobre las repercusiones que tendrá la escasez de combustible en la agricultura.

A su vez, la Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en estado de emergencia y anunció una reunión nacional para discutir posibles acciones frente al aumento de precios y el desabastecimiento de combustible.

El Gobierno boliviano se enfrenta a un complejo panorama al intentar aumentar la participación del sector privado en la importación de combustibles, en un contexto de prolongadas crisis de abastecimiento debido a la baja producción local y escasez de divisas.