Un tribunal federal de Nueva York ha anulado la suspensión de visados de inmigrantes impuesta por la administración de Donald Trump a 75 países. La jueza del Distrito Sur, Jeannette Vargas, determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias al ordenar esta medida, que calificó de “manifiestamente ilegal”.

En su dictamen, la jueza cuestionó la argumentación del Gobierno, que afirmaba que los solicitantes representaban un alto riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos. La sentencia de 61 páginas dejó claro que la prohibición afectó incluso a inmigrantes que cumplían con todos los requisitos y que podrían ser autosuficientes, vulnerando la normativa que demanda evaluaciones individuales para cada caso.

Los países afectados por esta directiva incluían naciones de América Latina como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, así como otros como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

La demanda presentada incluyó a cinco profesionales colombianos a quienes se les negó el visado bajo esta política, y a seis ciudadanos estadounidenses con familiares perjudicados en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según reportó The New York Times.

El fallo también revoca las denegaciones basadas exclusivamente en esta directiva, lo que podría permitir la revisión de miles de solicitudes anteriores. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, calificó la decisión como una victoria significativa para cientos de miles de familias afectadas por lo que consideró una prohibición ilegal y discriminatoria.

Skye Perryman, presidenta de la ONG Democracy Forward, enfatizó que esta resolución representa un “contundente rechazo” a una política que infligió un gran daño a familias y comunidades. Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre la sentencia judicial.