Los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación ante la creciente violencia de los colonos israelíes en la ocupada Cisjordania, advirtiendo que esta agresión, fomentada por el Estado, busca desplazar a los palestinos y anexar sus tierras.

Recientemente, los colonos han intensificado sus ataques en aldeas palestinas, como en Qusra, donde han asediado varias viviendas desde el pasado domingo. Este comportamiento ha llevado a una inusual condena por parte del gobierno israelí, que tildó las acciones de los colonos de “deplorables”. David Mercer, portavoz del gobierno, prometió que se llevarían a cabo investigaciones y arrestos de los responsables.

Sin embargo, la respuesta ha sido recibida con escepticismo. Analistas y figuras políticas, como Aida Touma-Sliman del partido Hadash, han señalado que el gobierno es cómplice de esta violencia. “No se puede diferenciar entre el ejército y los colonos; muchos de ellos incluso realizan su servicio militar protegiendo asentamientos ilegales”, afirmó.

Yair Dvir de B’Tselem también ha anotado que la violencia de los colonos es, de hecho, violencia estatal. “Ambas buscan lo mismo: desplazar a los palestinos y apropiarse de su territorio”, agregó. La situación se ha agravado considerablemente en los meses previos a las elecciones de octubre, lo que genera temores de un aumento de la violencia en un intento de los colonos por afianzarse en la tierra.

Además, el gobierno israelí ha mantenido una postura ambigua, asistiendo a conferencias de asentamientos y prometiendo reconocer más asentamientos ilegales, lo que solo agrava la situación. Figuras clave en el gobierno, como el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, han sido influencias importantes en la promoción y expansión de asentamientos.

Neve Gordon, profesor de Derecho Internacional, subraya que este problema no puede ser atribuido solo a ciertos políticos, ya que implica complicidad en todos los niveles, incluyendo la policía y el público. La violencia actual es un reflejo de una política estatal más amplia que, sin esta complicidad, no podría llevarse a cabo.