El presidente Javier Milei ha firmado recientemente el decreto 875/26, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, reemplazando la normativa vigente desde 1980. Este cambio significativo implica que los adolescentes de 14 a 17 años estarán sujetos a un nuevo sistema de responsabilidad penal, que busca modernizar y hacer más efectiva la manera en que el Estado juzga y sanciona a los menores que cometen delitos.

Cambios Clave en el Régimen Penal Juvenil

Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la creación de la figura del supervisor especializado, un profesional del Estado que tendrá la responsabilidad de acompañar y supervisar el proceso penal del adolescente. Para asegurar la competencia de estos supervisores, se establecerá un registro oficial, en el cual solo se podrán inscribir aquellos que acrediten formación en pedagogía, psicología, trabajo social y tratamiento de adicciones.

Coordinación entre Ministerios y Provincias

El Ministerio de Justicia liderará la implementación del nuevo sistema, además de mantener coordinaciones con otros ministerios, como el de Seguridad, para establecer protocolos efectivos de prevención del delito y reinserción social. Se ha creado un Comité Interministerial permanente y una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, donde se buscará uniformar criterios procesales entre diferentes jurisdicciones.

Derechos de las Víctimas y Nuevas Sanciones

El decreto también introduce mejoras en los derechos de las víctimas, quienes tendrán derecho a recibir asistencia psicología especializada y patrocinio jurídico gratuito. Además, se habilitará un acceso directo al Registro Nacional de Reincidencia para rastrear los antecedentes de los adolescentes imputados, garantizando la confidencialidad del proceso.

Las penas alternativas, que no implicarán encierro en institutos de menores, serán promovidas, con la intención de trabajar en la resocialización de los jóvenes infractores. También se implementará capacitación obligatoria para jueces, fiscales y defensores, que deberán rendir cuentas bajo los nuevos estándares de la ley.

Esta reforma marca un hito en la justicia juvenil en Argentina y plantea un enfoque más integral y humano hacia la problemática del delito en adolescentes.