Una agente de la policía en Bariloche fue condenada a seis meses de prisión en suspenso por la presentación de certificados médicos falsificados para obtener licencias por motivos de salud. El caso se centra en la adulteración de documentos que supuestamente justificaban ausencias laborales por contractura cervical y faringitis.

Los Hechos

La acusada, que desempeñaba funciones en la comisaría Segunda, solicitó licencia durante abril y mayo de 2024. Durante ese tiempo, interrumpió su licencia anual ordinaria alegando problemas de salud. Presentó al día siguiente dos certificados médicos a un compañero de trabajo, solicitándole que los entregara en la comisaría. Ambos documentos eran falsos y llevaban el membrete del hospital zonal de Bariloche, con firma de la médica Karina Rodríguez, quien posteriormente declaró no haber realizado tales certificaciones y negó conocer a la agente acusada.

El Proceso Judicial

El juez Sergio Pichetto, al emitir su fallo, consideró que la pena mínima de seis meses de prisión era adecuada para el delito de ‘uso de documento falso privado’. La condena fue menor a lo solicitado por la fiscalía y la defensa, quienes habían propuesto un año de prisión, pues se basaron en el uso de documentos públicos.

La investigación coincidía con una campaña del gobierno provincial para detectar abusos relacionados con las licencias médicas, que ha llevado a varias denuncias que aún están bajo investigación.

Contradicciones y Testimonios

El abogado defensor argumentó que la policía no necesitaba falsificar certificados si estaba legítimamente de vacaciones y que en el momento de la entrega estaba con una amiga en una terminal de ómnibus. Por su parte, la propia acusada insinuó haber sido víctima de acoso laboral por parte del compañero al que le entregó los certificados, afirmando que este había tramado el caso en su contra.

El juez desestimó esta versión y consideró probado que el cabo policial tenía en su poder los certificados entregados por la imputada y que se retrasó en su entrega a la comisaría.

Además, aunque la defensa pidió la absolución alegando que la sanción ya había sido cumplida internamente por la policía, el juez decidió imponer la condena por el delito cometido, al no encontrarse pruebas suficientes que justifiquen la inhabilitación del cargo policial.

Así, se cierra un episodio que no solo afecta a la agente involucrada, sino que también pone de manifiesto los problemas recurrentes en la gestión de licencias laborales dentro de la fuerza policial.