La provincia de Córdoba ha decidido adherir a un nuevo protocolo nacional que permite el bloqueo de teléfonos celulares detectados dentro de las cárceles provinciales. Esta medida, instruida por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, se implementa con el objetivo de frenar la organización de delitos y maniobras ilegales desde el interior de los penales.

Esta resolución surge en el marco de la Resolución 734/2026 del Enacom, la cual amplió los procedimientos previamente aplicados en las cárceles federales, extendiéndolos a las instituciones penitenciarias provinciales que opten por este protocolo.

El nuevo sistema permitirá desactivar equipos, tarjetas SIM y líneas telefónicas que se encuentren activas dentro de los pabellones y otras áreas restringidas. Para esto, se utilizarán tres datos clave: el IMEI del teléfono, el IMSI asociado a la tarjeta SIM y el número de la línea telefónica utilizada.

A diferencia de lo que podría imaginarse, el bloqueo no se realizará de manera automática ni las compañías telefónicas estarán obligadas a actuar únicamente bajo requerimientos de la provincia. Cada solicitud deberá ser hecha por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que será el encargado de coordinar con las operadoras sobre los pedidos realizados por las jurisdicciones.

Una vez recibidas las solicitudes, las empresas deberán proceder al bloqueo de los dispositivos indicados y llevar un registro de estas gestiones, asegurando así la trazabilidad de la información.

Desde el Ministerio de Justicia de Córdoba, se ha enfatizado que la adhesión al protocolo será inmediata y se resaltó la importancia de la colaboración con el Gobierno nacional y el uso de tecnología para acentuar los controles dentro de los establecimientos penitenciarios. El objetivo es disminuir el uso ilegal de teléfonos móviles en las cárceles, fenómeno que ha sido utilizado para llevar a cabo fraudes, amenazas y otras actividades delictivas desde dentro de estas instituciones.