En medio de un paro que afecta la actividad en los puertos, el Gobierno argentino ha respaldado la desregulación del sector y ha advertido sobre la posibilidad de sanciones por la protesta que está impactando el comercio exterior del país.

Postura del Gobierno

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que los prácticos en huelga son parte de un servicio esencial y deben garantizar la continuidad de la actividad marítima. Durante una conferencia de prensa, destacó el alto costo logístico que enfrenta Argentina en comparación con otras naciones.

Ravier analizó el Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial. Este decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reemplaza normas que regulaban el sector desde 1991.

Objetivos del decreto

El vocero explicó que su objetivo es “reducir el costo argentino” en el transporte marítimo, permitiendo la entrada de nuevos competidores que ofrecerán precios más accesibles. Esto, según Ravier, beneficiará tanto a empresas como a consumidores.

Los cambios que propone el decreto incluyen la eliminación de límites de cupos para los prácticos, así como permitir que armadores y agencias marítimas puedan contratarlos directamente. Además, se establecerán topes tarifarios a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

Importancia de los prácticos

Los prácticos son fundamentales para la seguridad de la navegación en áreas de difícil acceso, ya que poseen un profundo conocimiento de las características de las corrientes y profundidades locales. Su labor es crucial para el comercio exterior, especialmente en el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, principales vías de salida de las exportaciones argentinas.

Reacciones y medidas legales

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante ha calificado el decreto de inconstitucional y ha anunciado su intención de presentar acciones legales en la Justicia Federal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, planean argumentar que las modificaciones podrían poner en riesgo la seguridad de la navegación, en consonancia con el artículo 190 del Código Penal, que aborda dicha problemática. La protesta actual se erige como un claro rechazo a estos recientes cambios en la normativa que regula su actividad.