El Gobierno argentino ha publicado el Decreto 875/2026, reglamentando la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que establece que los adolescentes a partir de los 14 años son ahora legalmente imputables. Esta normativa, sancionada en febrero, tiene como objetivo fomentar la responsabilidad legal y la reinserción social de los adolescentes involucrados en situaciones delictivas.

Detalles del Decreto

El decreto, publicado en la madrugada del 7 de septiembre, detalla aspectos fundamentales que la ley no había especificado, tales como el control de la implementación del régimen y la selección de supervisores a cargo del seguimiento de los jóvenes.

En este sentido, se designa al Ministerio de Justicia como la Autoridad de Aplicación, encargada de coordinar la implementación del régimen a nivel nacional y federal. Además, se creará un registro de supervisores que será conformado en un plazo de hasta 180 días desde la vigencia del decreto. Los jueces serán responsables de seleccionar a los supervisores de acuerdo a un listado provisional de profesionales.

Creación del Comité Interministerial

El decreto también establece la formación de un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, cuyo objetivo será la coordinación entre diversos ministerios para promover la prevención y reinserción de los adolescentes. Este comité podrá emitir recomendaciones y articular acciones interinstitucionales necesarias para la aplicación de las penas correspondientes.

La mesa estará compuesta por representantes de varios ministerios, incluyendo un coordinador del Ministerio de Justicia y otros representantes de Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.

Impacto de la Nueva Ley

La introducción de este régimen penal juvenil constituye un cambio significativo en la forma en que el sistema judicial argentino aborda los delitos cometidos por adolescentes, con un enfoque en la reinserción social y la educación, marcando un nuevo camino en la justicia juvenil en el país.