El Gobierno argentino ha confirmado que se impondrán sanciones a los prácticos marítimos que están llevando a cabo un paro en los principales puertos del país. El vocero presidencial, Adrián Ravier, expresó que este servicio es esencial y que su interrupción afecta considerablemente el “costo argentino”.

Ravier subrayó la importancia del mantenimiento de este servicio, afirmando que las sanciones son inevitables aunque, en este momento, los detalles de las mismas aún están siendo definidos. “Se está decidiendo en este mismo momento”, aseguró en relación a las medidas a tomar frente al paro de actividades.

La razón detrás de esta protesta es el reciente Decreto 690/2026, firmado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, el cual busca desregular un régimen que ha estado vigente desde 1991 y que fue modificado en 2019.

La suspensión de actividades ha llevado a la paralización de más de 140 buques mercantes en terminales como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz. Además, las operaciones en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, también se han visto afectadas.

La Cámara Argentina de Energía (CADE) ha confirmado la interrupción de actividades en las empresas asociadas, lo que impacta en la llegada de petróleo crudo a las plantas de refinación y en la distribución de combustibles. Refinerías ubicadas en Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca tienen limitaciones especialmente críticas, ya que deben abastecer a la Patagonia sur, un área vulnerable a problemas de suministro.

Asimismo, la falta de maniobras ha obstaculizado la carga de crudo para exportación en Bahía Blanca. Dado que los prácticos no tienen personería gremial, resultan ajenos a las convocatorias de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, lo que complica las negociaciones del conflicto.

Esta situación sigue en desarrollo con potenciales repercusiones significativas para el sector energético y logístico del país.