En el mediodía de un típico viernes en el microcentro porteño, se llevó a cabo una movilización liderada por el Movimiento de Familias Endeudadas, donde decenas de manifestantes hicieron sonar cacerolas frente a las principales entidades financieras del país, incluyendo el Banco Central. La protesta busca visibilizar el creciente problema de la morosidad y exigir refinanciaciones que respeten condiciones razonables.

Los organizadores declaran que las familias se encuentran en una situación desesperante, enfrentando tasas de interés exorbitantes. “Los bancos se aprovechan y cobran intereses que son imposibles de afrontar, además de acosar a los deudores, incluso antes de que caigan en morosidad”, señalaron.

Algunos de los carteles llevados por los participantes destacaban: “La deuda familiar es una emergencia” y “no queremos créditos para comer, queremos salarios para vivir”. La movilización comenzó en la intersección de Florida y Sarmiento y continuó hacia varias entidades financieras, incluyendo los bancos Macro y Galicia.

Laura Bitto, referente del movimiento, explicó que la organización se formó porque cada vez más personas están enfrentando situaciones de endeudamiento. “Pensamos que las soluciones individuales no son efectivas y que unidos podemos hacer más fuerza”, comentó. Según datos recientes, la morosidad de las familias ha aumentado del 2,8% en diciembre de 2023 al 12,9% en junio de 2024, lo que representa alrededor de 6 millones de argentinos.

El movimiento también cuenta con un grupo de abogados que ofrece asesoría legal gratuita a quienes la necesiten. “Los bancos muchas veces ignoran a los deudores que no se presentan con un abogado; por eso, es fundamental contar con apoyo legal”, aseguró Bitto.

Los testimonios de las familias son impactantes. Melina, una trabajadora de la construcción, relató que tuvo que recurrir a tarjetas de crédito y billeteras virtuales para cubrir sus necesidades básicas. “Una pequeña deuda puede volverse rápidamente incontrolable”, afirmó, mencionando que su deuda tenía un interés punitorio del 1300%.

Ramiro Geber, uno de los abogados involucrados, expuso un caso alarmante de un crédito inicialmente pequeño que creció de 10.000 a 300.000 pesos en poco tiempo. Estos casos complican aún más la búsqueda de soluciones legales, ya que muchas entidades no tienen una dirección física.

La situación se ha agravado por las políticas del gobierno de Javier Milei, que han flexibilizado los límites a las tasas de interés y la emisión de tarjetas de crédito. Bitto concluyó diciendo que este modelo económico representa un saqueo y entrega de la soberanía, afectando a los trabajadores argentinos.