Un nuevo capítulo se escribió en la disputa territorial en Villa La Angostura, donde el juez civil Francisco Astoul Bonorino consideró frustrado el segundo tramo del operativo de desalojo de la comunidad mapuche en la zona de El Pedregoso. Este desalojo, que se llevó a cabo por la fuerza pública el miércoles pasado, no logró completarse como se esperaba y ahora requiere una nueva presentación judicial para continuar con el proceso.

Contexto de la Disputa

La tensa situación en la región comenzó en 2011, cuando se inició una disputa judicial sobre el predio ubicado a la vera de la Ruta Nacional 40. A pesar de que un fallo judicial había ordenado la restitución de las tierras a su propietaria, María Cristina Broers, aún quedaba por despejar un sector del lote, donde se encontraban las comunidades mapuches Quintriqueo y Melo.

Desarrollo del Desalojo

Durante el operativo, los efectivos de la Policía provincial y oficiales de Justicia abordaron el área que da al lago Nahuel Huapi. Sin embargo, al llegar, las familias vinculadas a la comunidad Quintriqueo se retiraron tras ser notificadas de la orden del juez. Este movimiento, en principio, dio la impresión de que el procedimiento había sido exitoso, pero las dificultades surgieron al intentar proceder hacia la porción del predio donde se hallaba la comunidad Melo.

Resolución Judicial

El juez Bonorino, al dictar su resolución reciente, estableció que el desalojo no podría avanzar, lo que evidenció “la imposibilidad del desalojo”. Por tanto, ordenó el retiro de todos los actores involucrados y mencionó que sería necesario solicitar un nuevo mandamiento judicial para continuar con el desalojo en otra ocasión. Guillermo Hensel, el abogado de la parte actora, explicó que el fallo abarca las áreas no desalojadas.

Luis Virgilio Sánchez, abogado de las comunidades afectadas, también expresó su intención de impugnar la decisión del juez, enfatizando que un planteo de nulidad sigue en trámite. Fuentes del ámbito judicial informaron que no hay suspensión de la ejecución de la sentencia preexistente, por lo que el proceso continúa avanzando a pesar del frustrado intento de desalojo.

La situación en Villa La Angostura refleja la complejidad de las disputas territoriales en Argentina y el continuo enfrentamiento entre las comunidades originarias y los propietarios de tierras en el país. La decisión del juez abre un nuevo periodo de incerteza, donde las partes deberán buscar un entendimiento para avanzar en la resolución del conflicto.