El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido que la sucesión del empresario Samuel Liberman se tramite en Argentina, a pesar de que este había radicado su domicilio en Panamá. Este fallecido empresario, reconocido como pionero de la televisión por cable en el país, murió en 2024.

Decisión del Tribunal Superior

Esta resolución surge tras una queja presentada luego de que un recurso de inconstitucionalidad fuera denegado. La controversia inicial giraba en torno a la competencia de la Justicia argentina para intervenir en el juicio sucesorio.

Aunque Liberman no registraba bienes en Argentina y había vivido en Panamá, se encontraron elementos que indicaban su permanencia en el país hasta el momento de su fallecimiento, además de ser sepultado en el Cementerio de La Tablada.

Contexto Jurídico

En una primera instancia, el Juzgado Nacional Civil N° 99 había afirmado su competencia para manejar la sucesión, basándose en la evidencia de que el empresario había residido en Buenos Aires durante los dos últimos años de su vida. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó esta decisión, declarándose incompetente según el artículo 2643 del Código Civil y Comercial, que confiere competencia a los jueces del último domicilio del fallecido y rechazó el recurso de inconstitucionalidad.

Ante esta situación, el peticionante llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia, argumentando que la decisión afectaba sus derechos y las garantías constitucionales, además de su derecho a la legítima hereditaria, el cual no es reconocido en el derecho panameño.

Análisis del Tribunal

El Tribunal Superior resolvió que el caso implicaba cuestiones constitucionales relacionadas con el debido proceso y el acceso a la Justicia. Incorporó el principio de soberanía, dado que la decisión cuestionada impactaba normas de orden público que resguardan la legítima hereditaria de los herederos forzosos. Tras considerar que Liberman había nacido en Argentina y que estuvo presente en el país hasta su muerte, determinó que la Justicia argentina es competente para intervenir en el juicio sucesorio, protegiendo así los derechos de los herederos.