Los tribunales de la provincia de Buenos Aires han decidido suspender, de manera preventiva y por un período de 60 días, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esta decisión fue tomada por la juez Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en respuesta a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, representando a adolescentes en conflicto con la ley.

La suspensión se conoció dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que modificaba el marco jurídico para adolescentes de 14 y 15 años, permitiéndoles ser judicializados por delitos bajo un régimen penal diferenciado al de los adultos. La magistrada argumentó que la medida responde a la falta de capacidad de la provincia para manejar un posible aumento en la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que podrían estar en prisión.

Entre los que criticaron esta decisión se encuentra la senadora Patricia Bullrich, quien manifestó su descontento a través de las redes sociales, acusando al gobernador Axel Kicillof de favorecer a los delincuentes en detrimento de la seguridad de los bonaerenses. Bullrich afirmó: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

Luis Petri, también en desacuerdo, comentó que la nueva ley apenas tuvo vigencia antes de ser paralizada por una “jueza kirchnerista”. Según Petri, esta ley fue concebida para enfrentar la impunidad de los delitos cometidos por menores, señalando que las víctimas no pueden seguir sufriendo las consecuencias de la inacción del gobernador y la justicia provincial.

Por su parte, el dirigente libertario Sebastián Pareja criticó el enfoque del gobierno provincial, argumentando que la ley es necesaria para aumentar las consecuencias de delinquir y que la administración actual perpetúa un sistema que garantiza impunidad.

La Ley N° 27.801 había sido diseñada para aplicar un conjunto de sanciones y medidas destinadas a promover la formación y reinserción de adolescentes en conflicto con la ley. La reglamentación exige la creación de un cuerpo de supervisores especializados, que deberán formar parte del dispositivo judicial, para garantizar un seguimiento adecuado de los casos de jóvenes imputados.

Con esta reciente suspensión, queda en el aire la implementación de las reformas necesarias para abordar el delito juvenil en Buenos Aires, en un contexto donde la seguridad pública sigue siendo una preocupación central para los ciudadanos.