La Ley de Tierras vigente, que establece que �la compra de tierras no es una inversi��n�, se encuentra en el centro de una fuerte controversia. El presidente Javier Milei ha intentado desarticular esta normativa a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual fue judicialmente impugnado por el Centro de Veteranos de Malvinas de La Plata. Ante este contexto, Milei presentó un nuevo proyecto, conocido como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, respaldado por los gobernadores del Consejo de Mayo.

Resistencia social

El tratamiento de esta ley se ha postergado en el Senado, y la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, solicitó que la votación se aplace hasta el 6 de agosto. Esta decisión se fundamenta en la creciente resistencia organizada por diversas ONGs, movimientos sociales y políticos que cuestionan el manejo de la tierra y otros recursos naturales.

Próximas acciones de movilización han sido convocadas, bajo el lema �Argentina no se vende�, que incluye una variedad de actividades como talleres y charlas que refuerzan el reclamo de protección de la tierra. El hashtag #lasoberanianosenegocia circula en redes sociales generando debate e implicando a la ciudadanía en la defensa de su soberanía sobre los recursos naturales.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Si el Congreso aprueba esta ley, los magnates internacionales como Peter Thiel podrían beneficiarse a gran escala, facilitando la instalación de mega proyectos en la Patagonia que comprometen no solo la tierra, sino también el agua y la energía del país. Ante esta amenaza, se están organizando estrategias para lograr que el rechazo al proyecto alcance a sectores más amplios de la sociedad.

La Ley de Tierras, que data de 2011, limitaba la compra de tierras por extranjeros, estableciendo un tope de 15% a nivel nacional y prohibiendo la adquisición de tierras que incluyen cuerpos de agua significativos. Su creación fue una respuesta a la creciente preocupación por la concentración de la tierra en manos de capitales extranjeros.

Consecuencias de la reforma

Con el reciente impulso de la reforma, se temen implicaciones graves para el acceso a la información pública respecto a la extranjerización de las tierras. Esto podría facilitar la pérdida de control sobre el territorio argentino y afectar la soberanía nacional ante los intereses económicos.

Este enfrentamiento no solo es un conflicto legislativo, sino que también refleja un alineamiento político y económico con intereses externos, en una clara contradicción con los principios de soberanía sobre los recursos naturales de Argentina. El debate sobre quién controla esta tierra fundamental continúa y es esencial para el futuro del país.