Los líderes de las comunidades Mapuches de la provincia de Neuquén han denunciado violaciones a sus derechos territoriales en medio de un contexto de desalojos y disputas por tierras ancestrales. Lorenzo Loncan, vocero del Lof Paicil Antriao, expresó que “la democracia tiene una deuda eterna con los pueblos indígenas; nos someten a desalojos expresos sin ley”.

Los representantes de la comunidad han cuestionado a la Corte Suprema, así como a los tribunales federales y provinciales, por no cumplir con el Convenio 169 de la OIT, que exige una consulta libre e informada, además de lo establecido en la Constitución Nacional. Loncan subrayó que “más de 40 pueblos indígenas son argentinos, como las Malvinas y los desaparecidos”.

El Lof Paicil Antriao, con sede en Villa La Angostura, enfrenta una prolongada disputa territorial. En febrero, un tribunal de Neuquén rechazó un recurso de apelación presentado por la comunidad, confirmando una orden de desalojo respecto al camping Correntoso. Este caso involucra, además, propiedades adquiridas por el exjugador de baloncesto argentino Emanuel Ginóbili.

A medida que el Congreso de Argentina debate cambios a las leyes de propiedad que permitirían procedimientos de desalojo más rápidos, las comunidades Mapuches han advertido sobre el impacto que estas medidas podrían tener en las comunidades indígenas.

Recientemente, el Senado aprobó una versión del proyecto de ley que incluye disposiciones para la agilización de desalojos y modificaciones en las reglas que rigen la propiedad privada y las expropiaciones.

La controversia se intensificó luego de que Argentina derogara la Ley 26.160 en diciembre de 2024, que había declarado una emergencia territorial para las comunidades indígenas y suspendido los desalojos mientras se realizaban relevamientos sobre tierras tradicionalmente ocupadas. Dos comunidades Mapuches, Lof Kinxikew y Lof Melo, fueron desalojadas de territorios cercanos a Villa La Angostura el 19 de agosto, según informaron medios locales.

Las comunidades Mapuches sostienen que sus reclamos territoriales están protegidos por la Constitución argentina y la legislación de derechos indígenas.