Cooperativas y cartoneros realizaron una marcha en Buenos Aires el miércoles para manifestar su oposición a los cambios propuestos por el Gobierno de la Ciudad en el sistema de gestión de residuos y reciclaje, que según ellos podría poner en riesgo los empleos de miles de familias.

La protesta, organizada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), comenzó a las 11 de la mañana en la intersección de las avenidas Belgrano y Jujuy, y culminó en la estación de tren de Once.

Los manifestantes denunciaron las modificaciones que se planean implementar, que incluyen la contratación de empresas privadas para gestionar la recolección y procesamiento de residuos reciclables. Actualmente, el reciclaje urbano en la ciudad está administrado por doce cooperativas, y el nuevo sistema dividiría la capital en seis zonas operativas.

Esto implicaría que estas empresas se encargarían de actividades como la recolección a domicilio, la vaciamiento de puntos verdes y el procesamiento de materiales reciclables en centros especializados. Sin embargo, los cartoneros advierten que estos cambios pueden debilitar el sistema de reciclaje socialmente inclusivo, que ha estado en funcionamiento durante más de dos décadas y que incluye a alrededor de 7,000 familias.

El nuevo régimen también incorporaría la implementación de sistemas de GPS y telemetría para monitorear en tiempo real las rutas y recorridos de los vehículos de recolección. Las cooperativas consideran que estas nuevas exigencias son un intento de eliminar la competencia en favor de las firmas privadas.

Los recicladores actualmente obtienen ingresos a partir de un pago fijo del Gobierno de la Ciudad y una suma variable en función de los materiales que logran recolectar y vender. En 2025, el pago fijo era de 390,000 pesos (aproximadamente 260 USD), incluyendo gastos de transporte. La situación económica se ha agravado debido a la caída en el valor de los materiales reciclables, especialmente el cartón, que es fundamental para muchos trabajadores.

La protesta se produce en un contexto en el que avanza el proceso administrativo para determinar el futuro del sistema de gestión de residuos en la ciudad. La administración municipal sostiene que la inclusión de empresas privadas permitiría introducir tecnología más moderna y mejorar la eficiencia en la recolección de residuos. Sin embargo, para los recicladores, está en juego el futuro de miles de empleos y un modelo que ha sostenido a trabajadores empobrecidos durante más de 20 años.