Este lunes marcó el retorno a las aulas tras el receso invernal en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, este reinicio se vio afectado por un paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de una serie de reclamos salariales, la solicitud de la Paritaria Nacional Docente y el rechazo a reformas previsionales.

Impacto del paro en las escuelas

Durante un recorrido por diversos establecimientos educativos de la Capital y el Gran Buenos Aires (GBA), se evidenció una adhesión parcial al paro. Mientras en la Ciudad la mayoría de las escuelas permanecieron abiertas, en el conurbano la huelga tuvo un impacto más pronunciado. En este último, se envió una circular a los inspectores y directores de escuelas, advirtiendo que la acción era “inconstitucional”, instándolos a no proporcionar información a funcionarios o inspecciones nacionales.

Los inspectores del Ministerio de Capital Humano nacional llevaron a cabo verificaciones en varias escuelas desde las 8:30, realizando recorridos en instituciones como Flores y Caballito, donde se registraron actividades en ciertos grados. Se aclaró que, a pesar de que cada distrito gestiona sus establecimientos, el Gobierno nacional actúa como garante del derecho a la educación.

Diferencias marcadas entre provincias

La situación en las escuelas variaba considerablemente. Por ejemplo, en la Escuela Integral Interdisciplinaria N° 16 “Gral. Ing. Mosconi”, las clases se desarrollaron con normalidad. En cambio, en la Escuela Primaria Común N° 17 “Gregoria Matorras y del Ser de San Martín”, únicamente se dictaron clases en algunos grados. Un padre que dejó a su hijo en la escuela consideró inapropiado realizar un paro justo al inicio del ciclo lectivo.

La Escuela Secundaria N° 2 “Patricias Argentinas” en Vicente López presentó una falta total de clases. Los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense habían anticipado que el inicio del ciclo lectivo se vería comprometido, lo cual se cumplió.

Desde la Ciudad aseguraron que todas las escuelas porteñas estaban abiertas para asegurar la continuidad educativa de los estudiantes. La Secretaría de Trabajo de la Nación también realizó inspecciones aleatorias.

Detalles del paro y sus razones

El paro se resolvió en un congreso de CTERA como parte de un plan de lucha por la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, así como por la recuperación salarial ante la inflación. Los reclamos incluyeron la restauración del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el rechazo a políticas de ajuste que, a juicio del gremio, socavan el sistema educativo. Además, se opone a una posible reforma previsional y a la llamada “Ley de Libertad Educativa”.

El gremio enfatizó que el paro buscaba visibilizar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y demandar una mayor intervención estatal en la financiación del sistema educativo. Se estima que el sueldo mínimo para los docentes se encuentra estancado en 500 mil pesos, lo que justifica los reclamos por incrementos significativos y el regreso del FONID.

La protesta también tuvo el apoyo de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), extendiendo así la medida a todos los niveles del sistema educativo. Aunque algunos sindicatos optaron por estrategias distintas, los gremios nucleados en la CGT implementaron un plan alternativo que no incluyó la suspensión de clases.

Inspecciones del Gobierno

Previo al inicio de la jornada, el Gobierno nacional anunció que llevaría a cabo “inspecciones muestrales” en las escuelas para medir la respuesta al paro. Esta acción tuvo un respaldo legal explícito, estableciendo la educación como un servicio esencial. Durante la supervisión, se buscaba asegurar el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, junto con advertencias sobre sanciones a las organizaciones sindicales que incumplan.

Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Provincia dejaron claro que no colaborarían en los controles solicitados por Nación, bajo el argumento de que la gestión educativa es competencia de las jurisdicciones locales, respetando así el marco constitucional.

Desde el Gobierno porteño no se realizaron auditorías adicionales, ya que el control de asistencia se gestionaba mediante un sistema propio de registro.