A partir de este sábado, entra en vigencia en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece una de las modificaciones más significativas del sistema en Argentina: la reducción de la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta medida permitirá que los adolescentes que cumplan 14 años al momento de cometer un delito sean sometidos a un proceso penal específico diseñado para menores de 18 años.

Detalles de la nueva ley

La ley 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y posteriormente publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. En el contexto de Santa Fe, este cambio se combina con el Código Procesal Juvenil aprobado en 2023, que prepara a la provincia para implementar este nuevo régimen nacional.

Proceso penal y medidas

Con la implementación de esta ley, Santa Fe contará con una serie de herramientas de Justicia Penal Juvenil y con establecimientos dedicados al alojamiento de adolescentes. Es importante destacar que no todos los adolescentes acusados de un delito serán encarcelados; la ley establece diversas respuestas, y solo la privación de libertad se aplicará en circunstancias específicas.

Tres niveles de detención

Para los casos que requieran medidas privativas de la libertad, la provincia aplicará un sistema escalonado:

1. Primer nivel: arresto o prisión domiciliaria, con la opción de usar dispositivos electrónicos de monitoreo.
2. Segundo nivel: Establecimientos de Puertas Abiertas, donde los adolescentes permanecerán bajo un régimen institucional sin las características de una cárcel.
3. Tercer nivel: Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil, para los casos más graves y con mayores condiciones de seguridad.

Criterios según la gravedad del delito

El nuevo régimen aborda los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 18 años y promueve medidas alternativas a la privación de la libertad. Esto incluye amonestaciones, reparación del daño, tareas comunitarias y otras respuestas que buscan evitar el encierro, siempre considerando las circunstancias del hecho y la situación del adolescente involucrado.

Además, se establece que los adolescentes no podrán ser alojados con adultos, garantizando un tratamiento diferenciado y adecuado a su edad. La ley establece un límite máximo de 15 años para las penas y excluye la posibilidad de cadena perpetua para los menores.

Estructura existente en Santa Fe

Santa Fe ya contaba con parte de la estructura necesaria para la aplicación de este régimen, que incluye un Código Procesal Penal Juvenil y una ley de ejecución de penas que estipula normas para el alojamiento de menores. Esto hace que la transición hacia el nuevo sistema no implique un inicio desde cero, sino una adaptación de lo existente a las nuevas disposiciones.

Los principales desafíos consistirán en asegurar que cada adolescente sea tratado de acuerdo con la gravedad del caso y en cumplimiento con la legislación nacional vigente.