Un juez de Chubut obligó a proveer carne roja a los presos, generando tensiones con el gobierno provincial
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Un juez de Chubut obligó a proveer carne roja a los presos, generando tensiones con el gobierno provincial

La Justicia de Chubut ordenó al gobierno provincial entregar carne roja a los presos por un hábeas corpus, lo que desató críticas del gobernador Ignacio Torres.

Redacción

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Un nuevo conflicto se ha suscitado en Chubut entre el Poder Judicial y el gobierno provincial, luego de que un juez ordenara la provisión de carne roja a los presos en una cárcel de Trelew. Esta medida, dictada por el juez Marcelo Nieto Di Biase, surge tras un hábeas corpus colectivo presentado por los internos, quienes demandaban un aumento en las proteínas de sus dietas.

La Resolución Judicial

El juez intimó al gobierno de la provincia a realizar la compra y entrega de carne en un plazo de 72 horas, planteando que las condiciones actuales de alimentación no cumplían con los estándares mínimos requeridos. La Defensa Pública también había criticado el servicio de la empresa contratada para proporcionar las raciones de comida.

Reacción del Gobernador Torres

El gobernador Ignacio Torres no tardó en manifestar su desacuerdo con la resolución, calificándola como “garantismo berreta”. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Torres expresó: “Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”.

Críticas a la Justicia

Además, Torres denunció que decisiones como esta complican las políticas de seguridad que busca implementar su administración, reforzando su postura de que la justicia debe favorecer los derechos de la comunidad en lugar de los delincuentes. “Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para autorizar un allanamiento”, añadió.

Conclusiones

Este fallo judicial ha abierto un nuevo frente de tensión en Chubut, marcando un punto álgido en las discusiones sobre la relación entre la Justicia y el Ejecutivo provincial, especialmente en lo que respecta a la alimentación y derechos de los internos.

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