Con el objetivo de frenar los juicios millonarios que se tramitan en Nueva York por la empresa estatal YPF, el Gobierno de Javier Milei ha comenzado a gestionar una investigación sobre la familia Eskenazi y el Grupo Petersen. Las nuevas gestiones tienen como fin solicitar al Departamento de Justicia de EE.UU. que abra una causa penal relacionada con la compra de acciones de la petrolera argentina.

Funcionarios de relevancia del gobierno han mantenido reuniones con la administración de Donald Trump, insistiendo en la necesidad de esclarecer la participación y gestión del grupo Eskenazi en YPF. La administración actual busca también determinar si existieron irregularidades o actos de corrupción en la adquisición del 25% de las acciones de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Esta estrategia busca, adicionalmente, congelar o anular las demandas civiles que pesan sobre Argentina en los tribunales de Nueva York, donde se tramitan reclamos que podrían ascender a más de 16.000 millones de dólares, a raíz de la estatización de la petrolera. Dicha situación se conoció tras una decisión reciente de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó una condena en contra del gobierno argentino.

Cabe recordar que en 2013, el grupo de Eskenazi fue denunciado por vaciamiento de YPF entre 2008 y 2012, con acusaciones de que se llevaron más beneficios de los que realmente aportaron a la compañía. Estas denuncias fueron sustentadas por la ONG Contadores Forenses y representantes de Repsol-YPF, señalando que los dividendos estuvieron por encima de lo permitido por la ley.