La apertura de ofertas para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), prevista para este 27 de agosto, podría ser postergada. Este proceso atraerá la atención de varios grupos, tanto locales como internacionales, que buscan adquirir el 90% de las acciones de la empresa estatal.

Situación Actual

A pesar de que este jueves se esperaba la presentación de propuestas, fuentes oficiales indicaron que la solicitud de prórrogas proviene de las empresas participantes, lo que ha llevado al Gobierno a considerar un nuevo cronograma. Aunque no se ha confirmado una nueva fecha, se estima que podría ser a mediados de septiembre.

Este proceso es significativo en el contexto de las reformas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei, quien busca disminuir la participación estatal en diversos sectores.

Interesados en la Licitación

Los potenciales oferentes incluyen compañías locales como el Grupo Roggio, que ha explorado asociaciones con operadores internacionales, y el empresario Mauricio Filiberti, conocido por su vinculación con la empresa Transclor. Además, dos grandes empresas brasileñas, Sabesp y Águas do Rio, han mostrado interés en participar.

La incertidumbre aumenta debido a las tensiones diplomáticas actuales entre Argentina y Brasil, lo que podría influir en la capacidad de estas compañías para competir eficazmente.

Especificaciones del Proceso

La licitación exige que los interesados cumplan con criterios estrictos, incluyendo experiencia comprobable en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. La primera etapa implicará la evaluación de sus condiciones técnicas y financieras, seguida por una fase de precalificación antes de la adjudicación final.

Se estima que el Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones, parte de un plan más amplio que busca atraer inversiones y optimizar el manejo de los recursos estatales.

Condiciones del Contrato

El nuevo contrato de concesión podría tener una duración de 30 años, con la opción de extenderlo por otros 10. Durante este tiempo, se establecen objetivos claros de inversión y mejora en los servicios, así como mecanismos de control rigurosos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos.

Este proceso de privatización se alinea con otros movimientos económicos del Gobierno, que ya ha tomado medidas similares en diversas industrias, y se espera que genere importantes ingresos que podrían llegar a los USD 3.000 millones antes de fin de año.