Cadetes de Rosario exigen la implementación de ley de seguridad un año después de su aprobación
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Cadetes de Rosario exigen la implementación de ley de seguridad un año después de su aprobación

Tras un año de la aprobación de la ley 14.362, el sindicato de cadetes de Santa Fe reclama la puesta en marcha de un sistema de seguridad.

Redacción

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A un año de la aprobación de la ley 14.362 en Santa Fe, que establece un sistema de monitoreo para la seguridad de los cadetes de reparto, la normativa sigue sin ser implementada. El Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores de Santa Fe (Si.Tra.Rep.) ha renovado su exigencia para que se active el botón de pánico y un sistema de seguimiento por GPS, dispositivos que la ley prevé para proteger a los repartidores en su labor diaria.

En Rosario, se estima que alrededor de 9,000 personas llevan a cabo repartos a diario, muchas de ellas trabajando hasta 12 horas en condiciones de alta vulnerabilidad. Ante el creciente uso de aplicaciones de reparto, el sindicato destaca la urgencia de contar con herramientas de seguridad, señalando que la ley 14.362 es fundamental para mejorar su situación laboral.

El gremio ha comenzado a mantener reuniones con legisladores provinciales, siendo la primera de ellas con la legisladora Verónica Baro Graf. Durante este encuentro, se discutieron las dificultades que enfrentan los cadetes en su día a día. Nicolás Martínez, Secretario General de Si.Tra.Rep., subrayó que los mecanismos de seguridad como el GPS y los botones antipánico son cruciales para responder de manera eficaz ante situaciones de asalto y violencia.

”Planteamos la urgencia de que se implemente la ley, así como la necesidad de que estas herramientas beneficien a todos los trabajadores del sector”, afirmó Martínez, reafirmando el compromiso del sindicato por mejorar las condiciones laborales y la seguridad de sus representados.

La ley 14.362, promulgada en mayo del año pasado, establece un monitoreo informático permanente y contempla mecanismos para denunciar delitos, además de crear un padrón provincial de trabajadores del sector. La financiación para el sistema provendría de multas aplicadas a las empresas de aplicaciones de reparto.

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