La familia de Érika Álvarez demanda $508 millones por daño moral y psicológico
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La familia de Érika Álvarez demanda $508 millones por daño moral y psicológico

Los familiares solicitaron una reparación por el femicidio de Érika Álvarez, incluyendo $438 millones al autor y $70 millones a los cómplices.

Redacción

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La demanda civil por el femicidio de Érika Álvarez

La familia de Érika Antonella Álvarez, joven asesinada en enero en Yerba Buena, Tucumán, ha presentado una demanda civil reclamo que supera los $500 millones por el daño moral y psicológico que sufrieron tras el brutal asesinato. En esta demanda, los representantes legales de la familia, liderados por Carlos Garmendia, exigen un total de $508 millones a los tres acusados del crimen y su encubrimiento.

Detalles de la demanda

El monto específico solicitado incluye $438 millones al principal acusado, Felipe “El Militar” Sosa, quien es acusado de ser el autor del femicidio, así como $70 millones adicionales a Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz, involucrados en el encubrimiento del crimen. Por su parte, Nicolás Navarro Flores, condenado anteriormente, aceptó un acuerdo reparador de $100 millones y recibió una sentencia de tres años de prisión efectiva.

Contexto del caso

Érika fue víctima de un asesinato a golpes el 7 de enero. En el proceso judicial, el fiscal Pedro Gallo ha solicitado que los cargos contra Sosa se eleven a juicio y que este reciba una condena a prisión perpetua. Los familiares de la joven, además de solicitar la elevación a juicio, presentaron su demanda civil a favor de los padres y seis hermanos de Érika, quienes han sufrido severas alteraciones emocionales.

Impacto emocional en la familia

Los efectos del crimen sobre la familia fueron expuestos en la demanda. Los padres de Érika experimentan problemas de sueño y angustia, mientras que sus hermanas menores enfrentan dificultades para lidiar con la pérdida en una etapa crucial de sus vidas. En total, se identificaron distintos tipos de daños, incluyendo emocional y económico, que fundamentan la cuantiosa reparación solicitada.

Este caso avanza hacia su etapa final del proceso judicial, mientras los familiares esperan justicia no solo en el ámbito penal, sino también en el civil, buscando resarcir el profundo dolor causado por esta tragedia.

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