La Fiscalía Federal ha solicitado llevar a juicio oral a ocho integrantes de la Policía del Chaco en un caso que involucra la sustracción de casi 9,5 kilos de cocaína que debían ser destruidos en un operativo oficial. Este hecho, ocurrido el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de la Policía provincial, ha destapado uno de los mayores escándalos en la fuerza policial local.

Las acusaciones

Los fiscales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg acusan a los oficiales de robar 9,490 kilos de cocaína que se encontraban bajo custodia del Estado. Según las autoridades, los policías aprovecharon su responsabilidad de custodiar y destruir la droga para retirar parte de la misma antes de que fuera incinerada.

La sospecha surgió cuando un funcionario del Juzgado Federal N°2 de Resistencia notó irregularidades durante la quema. El pesaje inicial de la cocaína marcó 8,700 kilos, mientras que el segundo pesaje reveló solo 7,585 kilos. Posteriormente, se requisó la camioneta utilizada por los efectivos, donde se encontraron varios paquetes de cocaína ocultos y un paquete de yeso, supuesto camuflaje de la droga original.

Pruebas y comunicaciones

Las investigaciones incluyeron el análisis de mensajes de los teléfonos móviles de los acusados, que revelaron planes concretos para sustraer y comercializar la droga. En uno de los audios, uno de los implicados se refería a sus intenciones de “manotear” parte de la mercancía.

El comisario Rubén Héctor César Alegre, señalado como el organizador de la operación, enfrenta la acusación más severa, con una pena solicitada de 15 años de prisión. A otros elementos se les han impuesto penas de entre 8 y 12 años, además de multas e inhabilitaciones.

Implicaciones del caso

Los fiscales argumentan que la cocaína robada estaba destinada a la venta nuevamente en el mercado ilegal. Las pruebas sugieren que hubo negociaciones para reintegrar la droga al circuito de comercialización. En un mensaje de texto, uno de los policías habría mencionado: “Salgo de todas mis deudas con una cajita”, lo cual podría indicar una intención de comercializar el estupefaciente.

Ahora, la Fiscalía ha considerado cerrada la etapa preparatoria y ha solicitado formalmente el juicio oral, donde deberá demostrar el plan previo de los acusados y la sustracción de la cocaína que en teoría debía ser destruida.