El diputado nacional Agustín Rossi ha expresado su preocupación por el reciente acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y la empresa Starlink, destinado a proporcionar internet a 6.000 escuelas rurales y de zonas alejadas. Rossi cuestiona la falta de un proceso competitivo en la selección de la empresa, exigiendo aclaraciones sobre cómo se llegó a este acuerdo.

El legislador ha presentado un proyecto de resolución que incluye un pedido de acceso a la información pública. En el marco de esta iniciativa, Rossi solicita detalles sobre los criterios utilizados para la selección de Starlink, la forma en que se determinaron los costos y la participación de ARSAT en el proceso.

Detalles del acuerdo

El programa de Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública fue aprobado por el ENACOM y contempla la instalación de 6.000 kits de internet satelital durante un periodo de 24 meses, con un costo total estimado en USD 21.876.000. Uno de los puntos más criticados por Rossi es la modalidad mediante la cual se adjudicó el proyecto a Starlink, preguntando si existió algún mecanismo que garantizara publicidad, igualdad entre oferentes y libre competencia.

El diputado también está interesado en saber si se exploraron otras alternativas tecnológicas antes de proceder con el acuerdo, incluyendo a ARSAT, otros operadores satelitales y soluciones de fibra óptica.

Costos y rol de ARSAT

Otro aspecto vital de la solicitud de Rossi indica la necesidad de detallar los USD 11.898.000 asignados para la instalación de equipos, gestión del servicio y atención técnica. Este monto representa una parte considerable del costo total, sin una desagregación clara que permita conocer el precio individual de cada prestación. Rossi también reclama que se explique por qué ARSAT no ha intervenido en el proceso.

Futuro del servicio

El proyecto presentado también contempla interrogantes sobre qué sucederá con los equipos y el servicio una vez concluido el programa. Rossi plantea dudas sobre quién será el propietario de los kits, si estos podrán utilizarse con otros prestadores y quién asumirá el costo de la conectividad después de los 24 meses.

”¿Quién se queda con los equipos? ¿Quién va a pagar el servicio después?”, cuestionó Rossi, subrayando que su intención no es rechazar la necesidad de conectar las escuelas, sino asegurarse de que el proceso se realice con transparencia y competencia.

Por último, Rossi enfatizó que la expansión de la conectividad educativa es crucial para reducir las desigualdades entre las instituciones y garantizar igualdad de oportunidades. Sin embargo, subrayó que una iniciativa de esta magnitud debe estar respaldada por información pública, planificación adecuada y controles efectivos para asegurar el uso correcto de los recursos.