El abogado brasileño Rafael Vadim, parte del equipo legal internacional de Cristina Kirchner, afirmó en el programa Solo una vuelta más de TN que Argentina está obligada a cumplir con las resoluciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Vadim destacó que, aunque la decisión sea vinculante, su aplicación no será automática en los tribunales locales, ya que requerirá medidas internas.

Defensa Internacional

Vadim, que ha trabajado anteriormente en la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, está colaborando en el caso junto al abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Estamos liderando la defensa internacional de la expresidenta”, comentó Vadim.

Obligaciones del Estado Argentino

El abogado subrayó que cualquier decisión del Comité es vinculante para el Estado argentino. Sin embargo, especificó que el Poder Judicial no está obligado a ejecutar automáticamente esas decisiones. “El Poder Judicial argentino recibirá la decisión del comité y tendrá que implementarla”, explicó, aclarando el procedimiento que se debería llevar a cabo en el ámbito interno.

Solicitud de Medida Provisional

La defensa de Kirchner ha solicitado al organismo internacional que imponga una medida provisional que suspenda su inhabilitación política mientras se revisa el asunto de fondo. Vadim mencionó: “Si el comité decide suspender la inhabilitación política de Cristina hasta la resolución final, el Estado argentino deberá actuar para implementar esa decisión en el ámbito interno”.

No Injerencia

Vadim puntualizó que no se trata de injerencia externa, destacando que la Constitución argentina, reformada en 1994, otorgó rango constitucional a los tratados internacionales en derechos humanos. “El comité no va a realizar un nuevo juicio; simplemente examinará si se han cumplido los estándares del debido proceso legal”, añadió.

Críticas a la Condena

El abogado también se refirió a la condena de Kirchner, que fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Vadim asegurò que esta condena es ilegítima y que, tras revisar el expediente de la causa Vialidad, no encuentra elementos suficientes que justifiquen tal sentencia, afirmando que Cristina es inocente.

Antecedentes de Derechos Humanos

Vadim argumentó que la inhabilitación perpetua contradice antecedentes de derechos humanos de la ONU. Creyendo que la decisión de la Corte argentina vulnera estos estándares, él considera legítima la posibilidad de que una ciudadana del país pueda impugnar dicha resolución.

La condena fue respaldada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que determinó que Kirchner benefició a empresas controladas por Lázaro Báez mediante irregulares licitaciones en Santa Cruz. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia, que quedó firme el 10 de junio de 2025 tras el rechazo del recurso por parte de la Corte Suprema.