El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires respaldó el fallo que suspendió por 60 días la implementación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Este pronunciamiento se realizó tras un habeas corpus presentado por una ONG, que subrayó la falta de infraestructura y recursos suficientes para poner en marcha el nuevo sistema.

Contexto del fallo

La suspensión no debe interpretarse como una crítica a la ley en sí, sino como una necesidad de garantizar las condiciones adecuadas para su aplicación. Según el Colegio, la ONG con experiencia en la materia planteó la falta de recursos necesarios, solicitando así un plazo para permitir la adecuación del sistema, el cual fue aceptado por una magistrada con una trayectoria reconocida.

Defensa del Poder Judicial

El Colegio enfatizó que el Poder Judicial tiene como función constitucional controlar los actos de los otros poderes del Estado. En este sentido, defendieron la actuación de la jueza, afirmando que no excedió sus atribuciones y que su intervención es parte del funcionamiento institucional de un sistema republicano.

Algunas voces críticas, como la de la Libertad Avanza PBA, anunciaron su intención de pedir el juicio político a la jueza Marta Elba Pascual, quien dictó el fallo.

Llamado a la institucionalidad

Finalmente, el Colegio de Magistrados hizo un llamado a los distintos poderes del Estado para que utilicen los mecanismos constitucionales adecuados al expresar sus posturas. Hicieron énfasis en que deben evitarse las amenazas y los agravios hacia jueces, pues tales actitudes no favorecen el debate institucional ni afectan la independencia judicial. La entidad advirtió que esas críticas no lograrán influir en la imparcialidad de quienes cumplen su deber frente a la sociedad.